Región de Magallanes y Antártica Chilena
 
13/10/2017 20:25:53
INDEMNIZACIÓN DE 100 MILLONES DEBERÁ PAGAR EL ESTADO
El abogado procurador fiscal, en representación del Consejo de Defensa del Estado, intentaba invalidar la sentencia.

La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó el fallo condenatorio recaído en contra del Servicio de Salud Magallanes por la muerte de un paciente por un errado tratamiento médico. La familia de Teresa Muñoz Gómez ganó una demanda de 100 millones de pesos.

De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Dagoberto Reinuava del Solar, procurador fiscal de Punta Arenas, quien durante el juicio representó al Servicio de Salud.

El recurso de casación (nulidad) perseguía invalidar la sentencia de fecha 27 de febrero de 2017 pronunciada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogió la demanda, revocando de esta manera la sentencia de primera instancia pronunciada el 25 de agosto de 2016 por la titular del Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, Isabel Margarita Zúñiga, que no dio lugar a la demanda indemnizatoria de perjuicios, porque en su opinión, no habiéndose acreditado negligencia, alguna falta, error o mala praxis en la prestación médica otorgada a la paciente, sólo cabe rechazar la demanda deducida, sin que por ello sea necesario analizar la prueba rendida para efectos de establecer el daño, su relación causal y valorar el monto de la indemnización pretendida.

La demanda ingresó a trámite el 1 de julio de 2015 bajo el patrocinio del abogado Juan José Arcos.

El demandante, Francisco Antonio Mansilla Muñoz, viudo, chofer, dirigió su acción en contra del Hospital Clínico de Magallanes, solicitando mediante ella que se condene a la institución demandada a pagar la suma de 400 millones de pesos con indemnización por el daño moral que habría experimentado a causa del fallecimiento de su cónyuge, Teresa del Carmen Muñoz Gómez, imputándole al demandado haber incurrido en una negligente atención médica o falta de servicio, en relación al tratamiento que durante los 32 días que estuvo hospitalizada Muñoz Gómez en dicho centro asistencial, al que ingresó el 4 de marzo de 2012, por fuertes dolores en la zona abdominal, donde se le diagnosticó una infección urinaria. No obstante lo anterior, durante su estadía en el recinto médico la paciente empeoró, solicitando el demandante un cambio de profesional médico, por estimar éste que había falta de un tratamiento efectivo. Este nuevo profesional ordena el traslado a la Unidad de Paciente Crítico el 4 de abril de 2012, a causa de una septicemia generalizada, falleciendo al día siguiente.

Al contestar la demanda, la procuraduría fiscal del Consejo de Defensa del Estado, negó que a su respecto se configurara la responsabilidad civil, descartando que haya existido una falta de servicio, porque “el Hospital Clínico y sus agentes actuaron conforme al grado de acuciosidad y diligencia que era recomendada y exigible de acuerdo con la naturaleza, evolución y complejidades del respectivo cuadro clínico”.

Revocación

Si bien la jueza del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas rechazó la acción legal, seis meses más tarde y fruto de una apelación, la Corte revocó lo resuelto por la magistrada Isabel Margarita Zúñiga, haciendo suyo los fundamentos de la demanda, estableciendo “la responsabilidad extracontractual del hospital por falta de servicio por la tardía e incorrecta atención brindada a Teresa Muñoz Gómez”.

El fallo determinó que “su médico tratante fue Rubén Ortega, por cerca de 3 semanas desde el ingreso hasta el 3 de abril de 2012. El médico que la tomó a su cargo a partir de esa fecha fue Fernando Marcial Orellana Alarcón, cambio de facultativo que se ordenó a petición del demandante”.

La sentencia establece, además, que la demandada (Hospital Clínico) tampoco proporcionó información “que sostenga que intervinieron los profesionales pertinentes, formado por un equipo multidisciplinario, porque eso sucedió cuando el estado de la paciente era prácticamente irreversible; que se efectuó el tratamiento que en su momento se imponía aplicar y se suministraron los medicamentos adecuados, porque eso es válido sólo para la pielonefritis, pero no para la enfermedad o condición que resultó mortal”.

La Corte de Apelaciones -en un fallo emitido por las ministras Marta Jimena Pinto y María Isabel San Martín y el fiscal judicial Fabio Jordán- determinó el monto de la indemnización en la suma prudencial de 100 millones de pesos, a título de daño moral.

Fallo Corte Suprema

Este 2 de octubre, la Corte Suprema al conocer el recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia, arribó a la convicción que en este caso “es indudable que la falta de actividad de los facultativos y su actuar inoportuno, reflejado en la pasividad y tardanza inexplicable de 16 días en realizar un examen que arrojó el diagnóstico médico de la patología que afectó a la paciente y la falta de tratamiento adecuado durante ese tiempo, al que se suman los 5 días en que no se adopta decisión alguna, indudablemente determinaron el fallecimiento de la paciente, toda vez que ésta falleció de un shock séptico, el cual no se habría producido si la infección que aquejó a la paciente se hubiera detectado y tratado a tiempo”.

El sentir del demandante

En marzo pasado, conocido el fallo que daba lugar a su pretensión, Francisco Mansilla, el viudo y demandante, habló con La Prensa Austral en su domicilio del barrio Prat: “Algo hizo la justicia, la vida no es pagada por ningún dineral, no tenía mucha fe, porque los médicos se tapan entre ellos mismos”, fue lo primero que señaló al conocer el fallo favorable.

Recordó que su esposa ingresó al hospital en buenas condiciones, sin embargo no le dieron un medicamento que necesitaba, por lo que sufrió una infección urinaria, tras lo cual se le reventaron los riñones y pulmones. (FUENTE LA PRENSA AUSTRAL)
Durante el proceso intervinieron los Abogados Fernando Pichun y Pablo Harambour junto al abogado Arcos.

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